La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados.

La orden de detención en España adoptada contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, continúa vigente y activa, informó el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tras darle un plazo de cinco días a la Fiscalía para informar sobre cómo afecta la Ley de Amnistía al caso, luego de publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes.

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El ente debe pronunciarse sobre la disposición y la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados: Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la exdiputada regional Marta Rovira, quienes no pudieron ser juzgados por su salida de la nación ibérica para eludir la acción de la Justicia.

El Tribunal Supremo también solicitó a las acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la ley a los respectivos procedimientos.

En este caso corresponden al relativo al proceso independentista catalán de 2017 por el que algunos líderes fueron condenados y otros huyeron, así como el del ‘caso Tsunami Democràtic’, que también implica a Puigdemont.

La tramitación de la Ley de Amnistía fue un requisito exigido por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y ERC para apoyar la investidura como presidente del actual mandatario, Pedro Sánchez, el 16 de noviembre del año pasado.

La norma elimina los posibles delitos cometidos en el marco del proceso secesionista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, que incluye a los dirigentes y ciudadanos independentistas involucrados en una consulta, un referéndum ilegal y diversas protestas, así como a los policías acusados de uso excesivo de la fuerza y otros delitos en su represión.

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